Según
noticias aparecidas en varios medios de comunicación, las agencias
privadas de colocación percibirán un incentivo por insertar en el
mercado laboral a personas con discapacidad y personas en riesgo de
exclusión social y también si el desempleado colocado se mantiene
un año en su puesto de trabajo, todo ello en el contexto del acuerdo
marco de colaboración entre estas entidades y los servicios públicos
de empleo para ayudar a encontrar trabajo a los desempleados.
Las
agencias privadas de colocación tienen de plazo hasta el viernes 30
de agosto para solicitar su participación en este acuerdo marco, con
el que se seleccionarán aquellas agencias de colocación que podrán
colaborar con los servicios públicos de empleo en la inserción
laboral de los parados.
Las
entidades designadas se harán cargo de un determinado grupo de
parados, a los que tratarán de insertar en el mercado de trabajo, y
entre sus obligaciones estará también la de regular mecanismos de
comunicación para notificar incumplimientos en las obligaciones de
los trabajadores y de los solicitantes y beneficiarios de
prestaciones por desempleo.
Según
explican desde Empleo, si una agencia de colocación notifica que un
trabajador ha incumplido sus obligaciones (por ejemplo, que ha
cometido fraude en el cobro de prestaciones), el SEPE procedería a
comprobarlo mediante un proceso de inspección. Si de dicha
inspección se derivara una sanción en firme al trabajador, la
agencia recibiría una compensación equivalente al 15% de lo que
habría percibido por colocar al trabajador.
Este
acuerdo cuenta con el respaldo de la mayor parte de comunidades
autónomas, que han manifestado su deseo de participar en él
mediante la firma de los correspondientes convenios. Sólo han
expresado su rechazo Cataluña, País Vasco y Andalucía.
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